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Ley de Contrataciones con Participación Público-Privada
2016-12-01
Con fecha 16 de noviembre de 2016 el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Contratación Pública-Privada (en adelante, la “Ley”), como modalidad alternativa a la obra pública.

Los contratos de participación público-privada son aquellos celebrados entre los órganos que integran el sector público nacional, en carácter de contratante y sujetos privados o públicos, en carácter de contratistas, con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de la infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

Los proyectos podrán tener por objeto una o más actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y financiamiento. Las erogaciones y compromisos que se asuman en el marco de estos proyectos deberán ser consistentes con la programación financiera del Estado.

La Ley establece que las bases de la contratación podrán contemplar la constitución de una sociedad de propósito específico, de fideicomisos y otros tipos de vehículos o esquemas asociativos, pudiendo el Poder Ejecutivo Nacional actuar como contratista o como parte del consorcio contratista y, según corresponda, crear sociedades anónimas y/o fideicomisos financieros.

La selección del contratista se hará mediante el procedimiento de licitación o concurso público, nacional o internacional según la complejidad del proyecto. Previo a efectuarse el llamado a licitación o concurso público, la autoridad convocante deberá emitir un dictamen acerca de la factibilidad y justificación de la contratación mediante esta modalidad, el impacto en las metas de resultado fiscal de las leyes de presupuesto, los efectos financieros y presupuestarios del contrato, el impacto en la generación de empleo y en el fomento de la industria nacional en general y el impacto socio ambiental que provocará el proyecto, así como también la evaluación de costo-beneficio y sobre el equitativo reparto de riesgos.

En casos en que la complejidad o el monto del proyecto lo justifiquen, podrá establecerse un procedimiento transparente de consulta e intercambio de opiniones entre la contratante y los interesados precalificados.

La adjudicación deberá recaer sobre la oferta que sea considerada de mayor conveniencia para el interés público.

Las obligaciones de pago asumidas podrán ser solventadas y/o garantizadas mediante la afectación específica o transferencia de recursos o ingresos públicos, la creación de fideicomisos o utilización de los existentes o el otorgamiento de fianzas, avales y garantías.

Se ordena al Poder Ejecutivo Nacional la creación de una unidad de participación pública privada, órgano que tendrá a su cargo la centralización normativa de los contratos establecidos por la Ley. Se crea, asimismo, la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público Privada, compuesta por miembros del Congreso de la Nación, cuya misión será la de efectuar el seguimiento de los proyectos desarrollados bajo esta modalidad.