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Acceso a la Información Pública
2016-09-12
El 12 de septiembre de 2016 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública (la “Ley”) mediante la cual se busca garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. La Ley viene a suceder al Decreto 1172/03 que, sin embargo, conservará su vigencia durante un año hasta tanto los sujetos obligados conforme la Ley puedan adaptarse a las obligaciones contenidas en la misma. Lo mismo aplica al Decreto 117/2016 sobre apertura de datos públicos.

El artículo 4 de la Ley establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información pública, sin necesidad de acreditar un interés legítimo o derecho subjetivo. El derecho de acceder a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados.

Conforme se desprende de la Ley son sujetos obligados a brindar información pública la administración pública nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, las empresas y sociedades del Estado, los concesionarios de servicios públicos, cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos en relación a dichos fondos públicos y el Banco Central de la República Argentina, entre otros.

Sin perjuicio del principio general contenido en la Ley, la misma contiene numerosas excepciones, entre las que se destacan las siguientes: información clasificada como reservada, confidencial o secreta por razones de defensa o política exterior, información que pudiera poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero o bancario, secretos industriales, información en poder de la Unidad de Inteligencia Financiera, información protegida por el secreto profesional, información que contenga datos personales y no pueda disociarse e información correspondiente a sociedades anónimas sujetas al régimen de oferta pública. Se establece, asimismo, que las excepciones no serán aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

La Ley establece el procedimiento que deberá seguir cualquier interesado en obtener información pública. Es importante remarcar la informalidad del procedimiento que permite que el pedido sea realizado por escrito o por medios electrónicos, sin ninguna formalidad a excepción de la identidad del solicitante, la identificación clara de la información que se solicita y los datos de contacto del solicitante. Los sujetos obligados cuentan con un plazo de 15 días hábiles para entregar la información; dicho plazo podrá prorrogarse de manera excepcional por igual período.

Se crea la Agencia de Acceso a la Información Pública (la “Agencia”) encargada de velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la Ley, garantizando el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Asimismo, se instruye a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los Ministerios Públicos crear un organismo con autonomía y con competencias y funciones idénticas a las de la Agencia para actuar en el ámbito de dichos organismos.

Se crea, asimismo, el Consejo Federal para la Transparencia integrado por un representante de cada provincia y un representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Será presidido por el director de la Agencia.